CERTIFICADOS: PROMETE INTERMINABLE PROCESO
Cada vez son menos los citados que se presentan obligando a reprogramar audiencias.
Por importante ausencia de involucrados fue suspendida la audiencia de hoy por la causa caratulada como “agentes de fuerza de seguridad sobre presentación de certificados falsos”.
Para esta mañana estaban citadas 14 personas y sólo se conectaron al zoom cuatro. Esta es la segunda vez que ocurre lo mismo, situación que podría ser reiterada en las próximas audiencias, en línea con lo que aparentaría ser una estrategia para estirar los plazos lo máximo posible.
Por lo pronto, la última audiencia prevista para el 9 de octubre en la que el juez Adrián Dvorzak se expedirá sobre los planteos de competencia para continuar actuando en esta causa, pasó para el 19 de ese mes.
Además las reiteradas ausencias a las citaciones a través de las conexiones por zoom generarán nuevas audiencias, las que también aportarán para “patear para adelante” como se dice comúnmente .
De la de esta mañana dirigida por el juez Dvorzak participaron el fiscal Francisco Marano junto a su par Candelaria Molineux y el defensor oficial, Camilo Curi Antún, quien representa a 14 imputados.
El abogado querellante en representación de la Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco, participó por zoom al igual que el letrado Diego Broggini como defensor particular de la médica Claudia Elizardo y Daniel Páez, ambos dispensados de comparecer por estar citados a todas las audiencias.
COMPETENCIA
Los defensores oficiales de Viedma que representan a 75 de los 119 imputados, tanto como los abogados particulares han planteado que Dvorzak se declare incompetente para intervenir por razones de jurisdicción, fundamentando que los hechos investigados ocurrieron en Roca y Cipolletti, razón por la cual la causa debería ser investigada en esa circunscripción judicial y no en Viedma.
Una vez que el juez resuelva esta cuestión y de continuar interviniendo en la causa comenzarían las formulaciones de cargos a los 119 imputados con audiencias por zoom, teniendo en cuenta que ninguno de ellos reside en la capital rionegrina.
Además los defensores oficiales han planteado que la defensa de sus representados se verá afectada ante la imposibilidad de viajar para entrevistarse de manera privada con sus defendidos ni que ellos puedan venir a Viedma todas las veces que sea necesario, al margen de la posibilidad del zoom que no es lo mismo que en una oficina a puertas cerradas.
Por ahora, las partes esperan la resolución de Dvorzak respecto de su competencia pero todo indica que cualquiera de las dos opciones por las que el juez se pronuncie -continuar en la causa o declararse incompetente por jurisdicción- tendrá su correlato de impugnación de una y otra parte. Es decir, más extensión de plazos.
Y recién después de esa espera podrán ser formulados los cargos a cada uno de los involucrados.
DESPIDOS
Sacando del medio aquellas necesarias instancias para llegar a un juicio y mirando las posibilidades de resolución final aparece un preocupante planteo.
Si se prueba que los imputados –policías en su gran mayoría- utilizaron un certificado falso para tomar una licencia y cobrar el sueldo completo, el despido será lo que corresponde aplicar.
Frente a esta posibilidad se abre un gran interrogante de extrema complejidad ¿cómo serán reemplazados?. Claramente con otros uniformados, tarea que no será fácil si se tienen en cuenta, por ejemplo, los egresos de la escuela de suboficiales de Sierra Grande con números que no cierran respecto de la cantidad de reemplazos que serán requeridos, si se llega a una condena.
Y lo más grave de todo será que unas 100 familias quedarán sin trabajo.
DIFICIL DE PROBAR
De todas maneras falta mucho camino para llegar a juicio por lo que se advierte en estas primeras audiencias.
Además no será fácil probar que las 119 personas involucradas en esta causa no estuvieron enfermos en 2024 cuando presentaron los respectivos certificados que les permitieron tomar licencia y cobrar el sueldo completo.
Por otra parte, esa certificación no fue falsa porque la firmó una médica habilitada para hacerlo.
Hasta el momento, se observa por lo menos sinuoso el proceso judicial iniciado en esta causa, una de las de mayor cantidad de imputados que registra Río Negro, que requiere de muchísimo tiempo y que comenzó un camino que amenaza con extenderse indefinidamente en el tiempo.
En la imagen: los fiscales Candelaria Molineux y Francisco Marano (izquierda); el juez Adrián Dvorzak y el defensor oficial Camilo Curi Antún.
Estela Jorquera
Nacida en Mendoza, se radicó en Viedma muy joven. Trabajé en Diario Río Negro